La Corte Constitucional avaló el emplazamiento a través del Registro Nacional de Personas Emplazadas como mecanismo general, principal y obligatorio. La decisión exige, eso sí, un medio complementario cuando la persona enfrente barreras significativas de acceso al entorno digital.
En la sentencia C-317 de 2026, la Corte Constitucional declaró exequibles las expresiones «únicamente» y «sin necesidad de publicación en un medio escrito» del artículo 10 de la Ley 2213 de 2022, que ordena que los emplazamientos para notificación personal se hagan solo en el Registro Nacional de Personas Emplazadas (RNPE). La decisión confirma que ese registro digital es el mecanismo general, principal y obligatorio de emplazamiento, pero exige un medio complementario cuando la persona enfrente barreras significativas de acceso al entorno digital.
¿Qué es el emplazamiento y qué es el RNPE?
El emplazamiento es un llamado formal que hace un juez para que una persona cuyo paradero se desconoce, o que no puede ser localizada, entre a hacer parte de un proceso judicial. Es frecuente en sucesiones, cuando hay que citar a herederos determinados e indeterminados, y en otros procesos civiles y de familia. El Registro Nacional de Personas Emplazadas (RNPE) es la plataforma digital oficial donde esos llamados se publican desde la Ley 2213 de 2022, que dio vigencia permanente a la justicia digital impulsada en la pandemia.
¿Qué decidió la Corte Constitucional?
Que la regla es constitucional, pero condicionada: la inscripción en el RNPE es el mecanismo general, principal y obligatorio de emplazamiento, y no excluye el deber de la autoridad judicial de disponer, mediante providencia motivada, un medio complementario de publicidad cuando, a partir de elementos objetivos del proceso, existan indicios serios y verificables de que la persona emplazada enfrenta barreras significativas de acceso al entorno digital que puedan tornar ineficaz la publicidad. En esos casos, el emplazamiento se entiende surtido cuando se hayan cumplido tanto la inscripción en el registro como el medio complementario ordenado, y el término legal se cuenta desde la última actuación realizada.
¿Qué más ordenó la sentencia?
Exhortó al Gobierno nacional, por conducto de los ministerios de Tecnologías de la Información y de Justicia, y al Consejo Superior de la Judicatura a fortalecer las políticas de acceso significativo a internet como instrumento del derecho de acceso a la justicia, con prioridad en zonas rurales y dispersas, comunidades étnicas, personas con discapacidad y territorios afectados por el conflicto armado. También ordenó a la Defensoría del Pueblo hacer seguimiento a la aplicación del condicionamiento.
Por ejemplo, en la sucesión de una persona que dejó bienes en Colombia y un hijo del que no se conoce el paradero en una zona rural sin internet, el juez debería, además de inscribir el emplazamiento en el RNPE, valorar si se requiere un medio complementario, como la publicación en un medio escrito, para que el llamado sea realmente eficaz. Es un escenario hipotético que ilustra la regla condicionada.
¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta?
Para quienes adelantan procesos de sucesión o de familia, el emplazamiento digital es la vía ordinaria y obligatoria, pero la sentencia da un argumento para pedir medios complementarios cuando la persona citada no tiene acceso real a internet, algo especialmente relevante para proteger derechos hereditarios y patrimoniales de personas en zonas apartadas. Este resumen no sustituye la lectura del texto completo de la sentencia.
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Fuente: Corte Constitucional, sentencia C-317 de 2026 (expediente D-16919), comunicado de prensa de Sala Plena del 30 de septiembre de 2026.
Documento oficial: comunicado de la Corte Constitucional (PDF).
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